Imagina esta situación: trabajas 15 años en la misma empresa, pero al momento del despido recibes exactamente lo mismo que alguien que estuvo 11. ¿Justo? Eso es lo que hoy permite la ley chilena, pero podría estar a punto de cambiar.
En julio, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados dio luz verde a un proyecto que busca eliminar el famoso “tope de 11 años” en la indemnización por años de servicio, bajo el principio de “año trabajado, año pagado”.
¿Cómo funciona hoy?
Actualmente, el Código del Trabajo establece que en caso de despido con derecho a indemnización, el trabajador recibe un mes de sueldo por cada año trabajado (o fracción superior a 6 meses, luego de cumplir el primero). Eso sí, con dos límites:
• Máximo 11 meses.
• Hasta 90 UF por mes, calculado con el último sueldo.
Ejemplo: si alguien gana $1.000.000 y trabajó 11 años, recibe $11.000.000. ¿Y si trabajó 15? Igual recibe $11.000.000, porque el tope frena todo lo extra.
Con la reforma, la misma persona podría recibir $15.000.000.
Lo que dicen los detractores… no todos están felices con la idea. Para las micro, pequeñas y medianas empresas, este cambio puede transformarse en un golpe al bolsillo.
• Se suma a otras cargas ya implementadas: aumento del salario mínimo, reducción de jornada laboral, reforma previsional.
• Podría desincentivar nuevas contrataciones y promover contratos a plazo fijo.
• En la práctica, los beneficiados serían solo los trabajadores con más de 11 años de antigüedad, un grupo minoritario dentro de la masa laboral.
Además, Chile ya tiene una de las indemnizaciones más altas de la OCDE. Mientras aquí despedir a alguien con 10 años cuesta 10 meses de sueldo, en promedio en la OCDE solo son 3,2.
Lo que dicen los partidarios… quienes apoyan el proyecto creen que no hay razón jurídica ni ética para limitar en 11 años lo que se paga.
• Un 17% de los trabajadores en Chile lleva más de 10 años en la misma empresa.
• La medida daría más dignidad y estabilidad a quienes pierden su empleo.
• De aprobarse, la indemnización cumpliría con las tres funciones que los expertos siempre le han asignado:
- Compensatoria: resarcir el daño de perder el empleo.
- Redistributiva: transferir parte del valor creado hacia el trabajador.
- Estabilizadora: proteger vínculos laborales de largo plazo.
Lo que viene…
El proyecto seguirá en la Comisión de Trabajo antes de pasar a la Sala. La discusión no será fácil: en un año electoral y con un escenario económico apretado, la pregunta clave será cómo equilibrar protección a los trabajadores con la viabilidad de las empresas.
Lo que está claro es que el debate no deja indiferente a nadie: ¿estamos frente a un avance histórico en derechos laborales o a un freno silencioso al empleo formal?